2º PARTE - CASOS FORD, LEDESMA y MERCEDES
Presentamos la segunda entrega del artículo de la historiadora Victoria Basualdo(*) sobre la relación entre grandes empresas y fuerzas militares en la última dictadura. A la luz de la síntesis de la evidencia sobre varios de los casos más resonantes de complicidad patronal-militar (Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz), este trabajo desmenuza la participación de sectores civiles empresarios en alianza con los mandos militares, y propone una investigación más profunda del papel de las cúpulas empresarias, que acrecentaron su centralidad económica y social y su influencia política en los últimos 30 años, en medio del cambio estructural operado en la Argentina desde mediados de los´70. Este artículo fue inicialmente publicado en marzo por la FETIA (Federación de Trabajadores de la Industria y Afines) de la CTA en un suplemento especial por los 30 años del golpe.
Publicado posteriormente en
www.prensadefrente.orgd) Ford Motors ArgentinaFord Motors instaló sus primeras filiales en Argentina en las primeras décadas del siglo, primero en Barracas y luego en La Boca, mientras que la actual planta de General Pacheco, en la Provincia de Buenos Aires, fue inaugurada en 1961. La investigación sobre la actuación de la empresa durante la última dictadura dio lugar a una causa penal y a una causa civil contra personal directivo de la empresa, impulsada por algunos de los obreros sobrevivientes, especialmente Pedro Norberto Troiani.
Entre marzo y mayo de 1976, hubo 25 delegados secuestrados. Todos pertenecían a la comisión interna, que se encontraba conformada por 200 delegados, en una planta con alrededor de 5.000 obreros. Los 25 trabajadores estuvieron técnicamente desaparecidos de 30 a 60 días. La mitad de ellos fue secuestrada en sus casas y llevada a la comisaría de Tigre, dispuesta como centro clandestino, mientras que la otra mitad fue detenida directamente en la planta de General Pacheco.La relación entre la empresa y las fuerzas militares se puso de manifiesto de diversas maneras en el caso de Ford. Por un lado,
trabajadores secuestrados testimonian que sus detenciones se efectuaron en camionetas F100 que eran proporcionadas a las fuerzas represivas por la empresa. Por otro lado, existen numerosos testimonios que indican que, lejos de limitarse a apoyar a las fuerzas represivas
, la empresa reclamó el secuestro de trabajadores y delegados gremiales a las fuerzas armadas.
Una de las esposas de los secuestrados, Arcelia Luján de Portillo, indicó en su declaración judicial que en su entrevista con un militar responsable de los secuestros, de apellido Molinari, éste “sacó de un cajón una lista en un papel tipo oficio con el logotipo de Ford, manifestándome: “Acá están todos los nombres que nos dio la empresa con los trabajadores que queríamos que chupáramos”.” Diversos testimonios indican que el “marcado” por parte de la empresa de quiénes debían ser secuestrados no sólo se realizó mediante la lista mencionada, sino también a partir de los carnets con las fotos personales de los trabajadores, que fueron entregados a los militares con el objeto de que los utilizaran para la correcta identificación de sus detenidos. Testimonios adicionales, como el de Jorge Ernesto Berguier, quien se encontraba realizando su servicio militar en aquellos años de la dictadura, permiten apreciar el intercambio de favores entre la empresa y las fuerzas militares: “Esos operativos (de control en ruta) duraban todo el día, y almorzábamos en la Ford de Pacheco (…). Antes de salir, el oficial a cargo hacía una especie de arenga y nos decía “vamos a detener subversivos, vamos a almorzar a Ford, ésta es la colaboración de la empresa con las fuerzas armadas, hay que agradecerle.”
Había una mancomunión entre el gobierno de las fuerzas armadas y la empresa… Comíamos en el comedor de la fábrica, y no era secreto que los oficiales se saludaban con los que servían la comida, y con los militares que estaban en la puerta, de seguridad. Esto era habitual, era un saludo fraternal (…)”.La presencia permanente de las fuerzas armadas en el predio de la empresa fue confirmada en términos muy similares por testimonios de trabajadores, como Daniel Hagelin, quien se desempeñó como obrero de Ford durante la dictadura: “Había una gran presencia militar adentro del predio, de hecho el área de deportes, donde estaban las canchas de fútbol, tenis, quinchos y vestuarios de los obreros, era el cuartel de los militares; los trabajadores tenían vedado el acceso a ese sector. Pero además de eso nuestros comedores de planta tenían un horario para que fueran a comer los militares destacados en el lugar, incluso había chicos que hacían el servicio militar en la fábrica, como si fuera una unidad más. No puedo decir que había un regimiento, pero había más de cien personas afectadas, por lo menos una compañía militar había en la fábrica, y no fabricando autos precisamente…
No cumplían tareas de seguridad de las instalaciones, de eso se ocupaba la propia empresa, sino que tenía la tarea específica de represión. Los militares actuaban a pedido de la gerencia, que tenía su voz cantante en un tal Galarraga, gerente de Relaciones Institucionales. No podemos decir que los militares mandaban a los trabajadores, sino que estaban para algún caso de reclamo salarial o reclamo gremial que se llevara adelante. La dirección de la empresa era pro militar. Fue famosa la situación que vivió la comisión interna que sufrió el golpe, que meses antes de la caída del gobierno de Isabel tuvo una discusión con Galarraga, quien les dijo textualmente: "Yo con ustedes no discuto más, y a partir de ahora denle mis saludos a Camps". Nadie sabía quien era el tal Camps, quien luego del golpe aparece como jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, y llegó a desaparecer a dos miembros de esa comisión directiva.”
Pero la participación de la empresa en el proceso represivo no se restringió a proveer apoyo logístico ni a demandar la detención de algunos de sus propios trabajadores, sino que, al igual que en Acindar, alcanzó su máximo nivel en el caso de Ford:
está probado que las fuerzas militares instalaron en el campo de deportes de la planta de Pacheco una dependencia militar adonde funcionó un centro clandestino de detención. En el mismo fueron recluidos algunos de los delegados gremiales secuestrados dentro de la fábrica por ciertos períodos de tiempo. Es el caso del obrero Juan Carlos Conti, delegado del personal del sindicato de Mecánicos (SMATA) que trabajaba en Ford desde 1965, quien fue secuestrado en el interior de la fábrica el 14 de Abril de 1976. Fue conducido en una camioneta de la empresa hasta un quincho, en el propio predio de la fábrica, con sus manos atadas con alambres. Luego de su secuestro, la empresa intimó a Conti por “abandono de tareas”, y cuando su esposa responde relatando lo sucedido (de lo cual la empresa por supuesto estaba al tanto), procedió a despedirlo de todas formas. Por otra parte, personal de la empresa tuvo intervención personal en los interrogatorios de los delegados secuestrados, para extraer información vinculada a la actividad sindical dentro de la fábrica. Es el caso del detenido Francisco Guillermo Perrotta que no era obrero sino uno de los 2.500 empleados administrativos de la planta que hasta mediados de los ’70 no tenían representación gremial. Como empleado de la Oficina de Análisis de Costo, Material e Inventario, Perrotta tenía acceso a información clave sobre las cuestiones internas de la fábrica. Junto a otro delegado del área financiera, fueron los dos únicos torturados con picana eléctrica. Perrotta identificó por su voz (dado que se encontraba encapuchado) al Jefe de Seguridad de la fábrica, Héctor Francisco Sibilla, como una de las personas presentes durante su interrogatorio, durante el cual le mencionaron datos y nombres internos de la Ford que sólo personal de la firma muy bien informado podía conocer. Sibilla era miembro de las Fuerzas Armadas y fue ascendido el 26 de julio de 1978, luego de los secuestros de obreros, al rango de teniente coronel, al parecer como premio, luego de su paso por la empresa, por el disciplinamiento obtenido en la Ford. Significativamente Sibilla fue contratado por la Embajada de Estados Unidos como personal de seguridad de la sede diplomática, en un cargo que ocupó hasta 2004.
e)
Ingenio LedesmaEl ingenio azucarero Ledesma fue fundado hace más de un siglo en la localidad de Libertador San Martín, en la Provincia de Jujuy, por la familia Blaquier, miembros destacados de la oligarquía terrateniente conformada a lo largo del siglo XIX. La articulación de los directivos del ingenio Ledesma con las fuerzas represivas fue dada a conocer por
el intenso activismo de Olga Arédez, esposa de Luis Ramón Aredez, pediatra que habiéndose desempeñado como médico del ingenio, fue secuestrado por las fuerzas armadas en mayo de 1977 y nunca más apareció.
Aredez había sido despedido en los años ´50 del ingenio Ledesma por utilizar recursos considerados excesivos en los obreros y sus hijos, que padecían de enfermedades, como la diarrea estival, que causaba la muerte de decenas de ellos en temporada de zafra. Luego del despido de la firma, pasó a desempeñarse por un tiempo como director del hospital de Tilcara. A pesar de las advertencias de amigos y vecinos, Aredez decidió retornar nuevamente a Gral. San Martín para atender a los trabajadores del ingenio por fuera de la estructura de la empresa. En 1973 distintos grupos políticos impulsaron su candidatura a la intendencia.
Durante su mandato comenzó a exigir el pago de impuestos de la empresa Ledesma al municipio, por primera vez en su historia centenaria. El 24 de Marzo de 1976 Luis Arédez fue detenido por fuerzas de seguridad en su casa, permaneciendo un mes desaparecido, y luego casi un año en la cárcel, al fin del cual fue dejado en libertad y pudo retornar a su hogar.
En mayo de 1977, después de haber atendido a algunos de sus pacientes en el hospital de la localidad de Fraile Pintado, desapareció sin dejar rastros. Posteriormente, lograron recabar el testimonio de un vecino quien lo había visto conduciendo su auto en la ruta interprovincial 34, acompañado de otros tres hombres desconocidos, y aunque saludó al Dr. Arédez, éste no respondió el saludo. A raíz de la investigación de la CONADEP un detenido que estuvo en el campo de concentración de la localidad de Guerrero, Prov. de Jujuy afirma que entre los detenidos del Campo de Guerrero se encontraba, al parecer muy torturado, el Dr. Luis Arédez. El testimonio de Olga Arédez proporciona datos clave para comprender la relación entre el ingenio y las fuerzas represivas. En primer lugar, refiriéndose a la primera detención de Luis Arédez, en Marzo de 1976, Olga señala en su declaración ante la CONADEP que su hijo Ricardo
“vió desde su ventana del dormitorio, cómo su padre era cargado por una acción conjunta de la policía de la provincia y la gendarmería nacional, la cual, y siendo una fuerza militar creada en su origen para combatir el contrabando en las fronteras, está establecida desde hace varias decenas de años dentro del territorio de la empresa privada conocida como Ingenio Ledesma. Mi marido fue cargado en la parte trasera de una camioneta con el logotipo de la Empresa Ledesma impreso en las puertas de dicho vehículo. La camioneta era conducida por un empleado de la propia empresa.”La colaboración de Ledesma en la represión fue admitida frente a ella por personal de la empresa: “me entrevisté con el Administrador del Ingenio Ledesma, el ingeniero Alberto Lemos. Él admitió que la Empresa había puesto sus móviles a disposición de la acción conjunta llevada a cabo por las fuerzas armadas, en sus palabras, “para limpiar al país de indeseables”.” Y el peso de los intereses empresarios en los motivos de la detención también fue oportunamente clarificado: “También aseguró que mi esposo, debido a su actividad como asesor médico de los obreros, había resultado muy perjudicial para los intereses económicos de la empresa Ledesma.”El caso de Arédez no fue de ninguna manera un caso especial en lo que se refiere a la participación del ingenio en el proceso represivo en la zona. En los tristemente célebres apagones, que comenzaron a realizarse a partir del 20 de Julio de 1976, durante los cuales se cortaba el suministro de energía eléctrica entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, decenas de trabajadores, estudiantes, amas de casa, sindicalistas y profesionales fueron secuestrados, de acuerdo al testimonio de Aredez, “siempre con la colaboración del parque móvil de la Empresa Ledesma.” Los secuestrados fueron recluidos en diferentes centros clandestinos de detención en los que fueron brutalmente torturados, entre los que se encontraba “la sede del escuadrón 20 de gendarmería nacional, ubicado dentro del predio de la Empresa Ledesma, en la actualidad llamado Barrio Ledesma.”
Por si quedaran dudas de la relación entre la empresa y las fuerzas armadas, Olga Aredez señala que al mes de la desaparición de su esposo, después de regresar de una misa para pedir por su aparición, vio invadida su casa “de soldados uniformados del Ejército Argentino (alrededor de 30), al mando de un empleado de la empresa Ledesma, Juan de la Cruz Kairuz, quien también desempeñaba la actividad de entrenador del equipo de fútbol de la Empresa Ledesma, Club Atlético Ledesma. Kairuz iba vestido de civil e impartía ordenes al los uniformados de ese allanamiento y, nuevamente, sin ninguna orden judicial se llevaron de nuestro domicilio muchos documentos y libros.”Resulta importante tener en cuenta el contexto del funcionamiento de la estructura productiva del ingenio y su impacto humano, ecológico y económico, para comprender que el terror instaurado durante la dictadura se constituyó en otro elemento más de control, en un marco de explotación extrema. La jornada diaria de más de 12 horas que debían cumplir los trabajadores (en ese entonces entre 12.000 y 12.500, hoy serían menos de 2.500), los insuficientes salarios, pagados no con dinero sino con papeles de crédito de la empresa, la falta de atención médica adecuada y las condiciones precarias de vivienda en pueblo, vigentes tanto en los años ´70s como en la actualidad, constituyen el contexto de la política represiva. Esto se suma a la profunda insalubridad no sólo de las condiciones de trabajo sino de vida, ya que por la constante aspiración del polvo del bagazo, el desecho de la caña de azúcar que contamina el agua, el aire y la tierra, los pobladores sufren severos problemas respiratorios, que en muchos casos, como el de Olga Arédez, derivaron en cáncer de pulmón, lo que finalmente causó su muerte el 17 de marzo de 2005.
Una reveladora entrevista a Mario Paz, ex directivo de relaciones públicas del ingenio Ledesma, provee información adicional sobre los criterios de contratación, control y despido de la empresa.
Paz admitió orgulloso haber despedido a más de diez mil trabajadores, entre ellos a Luis Arédez, quien “era un mediquito zurdo, un buen médico pediatra, pero que tenía ese gesto demagógico con el personal”. Reconoció asimismo que el personal de gendarmería (“eran seis hombres, pero qué cojonudos”) tenía acceso permanente al terreno de la empresa, dentro del que tenían un destacamento propio. Finalmente, en una declaración útil para entender la filosofía que guiaba el manejo de recursos humanos de la empresa: “
Yo detengo diez sospechosos, los reviento a todos hasta que salta el culpable, y ahí largo a los nueve restantes y les pido disculpas”.Esta identificación de Mario Paz, y por lo tanto de la empresa que lo empleaba para tratar con sus empleados, con las fuerzas represivas se reflejó también en su actitud de permanente intimidación a quienes tuvieran la intención de denunciar las violaciones a los derechos humanos frente a los organismos internacionales. Como indica Olga Arédez en su testimonio ante la CONADEP: “A comienzos del año 1979 nos reunimos en la ciudad de San Miguel de Tucumán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la O.E.A. (Organización de Estados Americanos), para realizar la denuncia de la desaparición de nuestros familiares. Nos juntamos centenares de familiares de todo el noroeste argentino. En el hotel donde se recepcionaba las denuncias, Hotel Versalles, estaba también alojado, sorpresivamente, junto a su mujer el Director de Relaciones Públicas de la Empresa Ledesma, el señor Mario Paz, muy temido por los demás familiares, quienes venían a denunciar las detenciones y desapariciones producidas en Ledesma. Mario Paz se apostó en un sillón a la entrada del hotel, y cuando accedíamos a presentar las denuncias, nos topábamos, inevitablemente, con su figura. Por este motivo algunos familiares, que tenían sus otros hijos empleados en la Empresa Ledesma, no pudieron hacer sus denuncias de una manera personal. Las tuvimos que llevar por ellos los otros denunciantes, no vinculados laboralmente a la empresa, y entregarlas en su lugar. El mencionado Mario Paz no se movió ni un instante de su sitio durante nuestra presentación.”
f)
Mercedes BenzLa empresa automotriz Mercedes Benz, hoy Daimler Chrysler, una de las mayores empresas industriales europeas, fue fundada en Alemania en 1890. La planta de Argentina, la primera filial de la empresa en el exterior, se estableció en González Catán, Provincia de Buenos Aires, en 1951. La participación de la empresa en la represión a sus trabajadores durante la última dictadura militar ha sido investigada por la periodista Gaby Weber, y sus hallazgos fueron detallados en dos libros y un documental. El análisis de la historia de la empresa sitúa sus acciones durante la dictadura en perspectiva: a la luz de su relación con el nazismo a partir de la década de 1930 y los beneficios que esta asociación le reportó en la expansión de su producción y sus ganancias, de la utilización mano de obra compuesta por polacos y judíos reducidos a relaciones de trabajo equivalentes a la servidumbre, y del empleo ofrecido por Mercedes Benz Argentina a Adolf Eichmann, criminal de guerra y encargado de la logística del transporte masivo de judíos hacia los campos de exterminio, hasta su secuestro por agentes de inteligencia que lo trasladaron a Israel, adonde fue juzgado en 1961 y ejecutado en 1962, la política represiva de Mercedes Benz no parece sino presentar una línea de continuidad bastante predecible.
De modo similar a
los trabajadores de otras plantas, los obreros de Mercedes Benz se movilizaron en octubre de 1975 en rechazo a los representantes designados por el sindicato de trabajadores del gremio mecánico y automotor a nivel nacional, SMATA, debido a que lejos de representar los intereses de los trabajadores, no hacían más que negociar con los directivos de la empresa. Los cuatro mil trabajadores de la planta,
reunidos en asamblea, eligieron una nueva comisión interna, compuesta por nueve representantes, que a partir de ese momento sería conocida como “el grupo de los nueve”. SMATA negó la validez de la elección y de la comisión interna y
la empresa despidió a 115 obreros (entre los cuales se contaban los 17 que luego serían secuestrados durante la dictadura) con aval del gremio automotor y su secretario general José Rodríguez. El 24 de Octubre de 1975, en el transcurso de la huelga, se produjo el secuestro del Jefe de Producción de la planta, Heinrich Metz, por parte de Montoneros, con la demanda de la reincorporación de los cesantes. La empresa finalmente cedió y declaró la reincorporación de todos los despedidos, después de lo cual Montoneros exigió el pago de un rescate, que de acuerdo con la casa matriz de la empresa en Alemania fue de siete millones de dólares, mientras que la gerencia local sostiene que fue de cuatro y los encargados de finanzas de Montoneros de dos millones. La investigación sobre el misterio del monto efectivamente pagado por el rescate dejó al descubierto las prácticas fraudulentas de la empresa, que aprovechó el secuestro para consignar una cifra muy superior a la real en su declaración de impuestos en Alemania, lo que le permitió obtener un importante margen de ganancia.
La situación en la fábrica comenzó a alterarse significativamente entre fines de 1975 y comienzos de 1976.
Weber demuestra de manera contundente las relaciones entre el gobierno, en particular el entonces Ministro de Trabajo Carlos Ruckauf, quien el 6 de octubre de 1975 promovió y firmó un decreto de aniquilamiento de la subversión en los centros industriales, asimilando toda lucha obrera a un proceso de guerrilla industrial, la dirigencia sindical burocrática y las cúpulas empresariales. En el caso de SMATA, la aceptación de la política de eliminación de la “guerrilla industrial” impuesta por el gobierno se plasmó en la firma de un convenio con las empresas automotrices, que entró en vigencia en Mercedes Benz el 21 de julio de 1975,
estableciendo que el 1% del precio de venta de cada vehículo se dedicaría a la formación de un fondo extraordinario para la “erradicación de elementos negativos” de la fábrica. Este fondo sería administrado por la dirección de SMATA sin auditoría alguna, a cambio de que la propia entidad supuestamente representativa de los trabajadores se encargara ella misma de garantizar su represión efectiva. Luego del golpe militar de 1976 se sucedieron los secuestros de trabajadores y activistas en la planta.
De los diecisiete trabajadores de Mercedes Benz Argentina que fueron secuestrados durante la última dictadura, sólo tres volvieron a aparecer.El trabajo de Weber, que implicó años de investigación minuciosa, partió de los testimonios de los dos obreros secuestrados que sobrevivieron, Juan Martín (detenido en abril de 1976 en la fábrica Mercedes Benz, encarcelado y torturado en la comisaría de San Justo, para ser finalmente liberado diecinueve días después) y Héctor Aníbal Ratto (detenido en agosto de 1977 también en la fábrica por un grupo armado perteneciente al Ejército Argentino, permaneció en cautiverio clandestino y bajo tortura en la Comisaría de Ramos Mejía y en Campo de Mayo, recuperando la libertad en marzo de 1979), quienes aunque se consideran afortunados por haber sobrevivido, sufrieron las secuelas físicas y psíquicas de ese cautiverio durante el resto de su vida. Un tercer sobreviviente es Alfredo Martín, un supervisor de la planta que fue detenido en diciembre de 1976, torturado por Rubén Lavallén en la comisaría de San Justo y liberado horas después. La participación de la empresa en la represión se encuentra documentada en varios testimonios. El obrero Héctor Ratto estuvo presente cuando el jefe de producción de la fábrica, Juan Tasselkraut, transmitió a las fuerzas de seguridad la dirección del obrero Diego Núñez, quien fue secuestrado ese mismo día y permanece desaparecido hasta la fecha. Varios trabajadores fueron apresados en su lugar de trabajo, sin ningún tipo de protesta por parte del personal gerencial de la fábrica, que por el contrario colaboró con los grupos represivos.
El mismo Juan Tasselkraut dio cuenta de los efectos que la represión tuvo en el funcionamiento interno de la empresa, cuando en el contexto de los Juicios por la Verdad en los tribunales de La Plata, se le preguntó si consideraba que existía alguna relación entre la disminución del conflicto en la fábrica, el aumento de la productividad y la desaparición de obreros y militantes. Su respuesta fue: “Y... Milagros no hay”.El caso de Rubén Luis Lavallén ilustra la profundidad de la relación de la empresa con las fuerzas represivas. Lavallén estuvo a cargo durante los primeros años de la dictadura del comando de la Brigada de Investigaciones de San Justo, sede de un centro clandestino de detención. Fue positivamente identificado por la esposa del obrero de Mercedes Benz, Alberto Gigena, como uno de los secuestradores de su esposo, quien nunca volvió a aparecer. Con esta foja de servicios, Lavallén fue contratado por Mercedes Benz en 1978 como encargado de la seguridad y vigilancia de la planta de González Catán. Ya en democracia, Lavallén fue condenado, en 1998, a cuatro años de prisión por falsificación del acta de nacimiento de la menor Paula Logares, hija de una pareja de uruguayos secuestrados en Montevideo y detenidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo, en el marco del Plan Cóndor. A la pareja jamás se la volvió a ver con vida y la menor fue apropiada por Lavallén y registrada como hija suya. Para comprender cabalmente la estrecha relación entre el personal directivo y la cúpula militar, cabe destacar que
Mercedes Benz, que se encontraba entre las veinte empresas de mayor facturación y era uno de los principales complejos industriales del país, tenía como principal cliente al Ejército Argentino, quien compraba a la firma los camiones Unimog.
De acuerdo a información proporcionada por personal gerencial de la empresa, la empresa donó, como parte de sus atenciones al ejército, equipamiento obstétrico para ser utilizado en Campo de Mayo. Las únicas instalaciones de obstetricia presentes en dicha dependencia militar eran ilegales y fueron montadas para llevar a cabo los partos clandestinos de mujeres desaparecidas.
(*) Historiadora UBA-Universidad de Columbia
Notas:
14-Los directivos acusados son: Nicolás Enrique Courard, presidente y representante legal de la compañía Ford Motor Argentina SA; Pedro Muller, gerente de manufactura; Guillermo Galárraga, a cargo de la gerencia de Relaciones Industriales, y Héctor Francisco Sibilla, el militar retirado del Ejército contratado tiempo después por la Embajada de Estados Unidos, jefe de Seguridad en la Planta de Pacheco y ascendido el 26 de julio de 1978, luego de los secuestros de obreros, al rango de teniente coronel.
15-Solicitud de declaraciones indagatorias en la causa Molinari, Antonio, Personal Ford s/privación ilegal de la libertad, iniciada por el querellante Pedro Norberto Troiani, con el patrocinio letrado del Dr. Tomás Ojea Quintana. La declaración de Arcelia Luján Portillo consta a fs. 44 de la causa. Se incluyen numerosos testimonios adicionales en este sentido, como el de Elisa Josefa Charlin, esposa de otro secuestrado, quien se entrevistó con Molinari “quien poseía una lista con aproximadamente veinte o treinta nombres escrita a máquina. Recuerdo que dicho papel tenía el logotipo de Ford…”. Molinari le aclaró en dicha ocasión: “Esta es la lista que me entregaron, apoyando la mano sobre la lista más arriba referida”. Fs. 465/466.
16-Citado en Fabián Domínguez y Alfredo Sayus, La Sombra de Campo de Mayo. (
http://www.nuncamas.org/investig/saydom/lasombra/lasombr8.htm)
17-Ver denuncia de la CTA ante el Juez Baltasar Garzón, p. 14.
18-Ver Alejandra Dandan, “Ford Falcon modelo ´76”, Página 12, 26 de Febrero de 2006. Una de las líneas de investigación abierta por los trabajadores y sus representantes legales es la relación entre la filial argentina y la casa matriz, con la intención de determinar el grado de conocimiento y participación de la segunda en el proceso represivo.
19-Todos las citas textuales en adelante provienen de Arédez Sagues, Luis Ramón, Legajo Conadep N° 3376. Testimonio de su esposa, Olga del Valle Márquez de Arédez, y de sus hijos Teresa Adriana, Luis Ramón, y Ricardo Ariel Arédez.
20-“Nunca más” de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), páginas 217-218-262-263-447, quinta edición, Editorial Eudeba (1999).
21-El documental “Sol de Noche. La historia de Olga y Luis” de los realizadores Pablo Milstein y Noberto Ludin, con producción ejecutiva de Eduardo Aliverti (color, 78 min., 2002) proporciona datos e imágenes ilustrativas del funcionamiento de la empresa, y del trato a sus trabajadores. Para más datos y análisis del documental, ver Victoria Basualdo, “Cine documental e historia reciente: apuntes sobre la complicidad patronal-militar” en Revista Lucha Armada No. 4, Septiembre a Noviembre de 2005.
22- La entrevista se encuentra incluida en el documental “Sol de Noche”.
23- Su primer libro fue publicado en Alemania (“Los desaparecidos de Mercedes Benz”), y el segundo no trata específicamente del caso de Mercedes Benz, aunque contiene algunos capítulos que a él se refieren (ver Gaby Weber, La conexión alemana. El lavado del dinero nazi en la Argentina Buenos Aires: Edhasa,2005). El documental se titula “Milagros no hay. Los desaparecidos de Mercedes Benz” color, 113 min., 2003, y existe una versión actualizada: 85 minutos, 2005. Para más datos y análisis del documental, ver Victoria Basualdo, “Cine documental e historia reciente: apuntes sobre la complicidad patronal-militar” en Revista Lucha Armada No. 4, Septiembre a Noviembre de 2005.
24-Ese decreto que fue firmado por Italo Argentino Luder (Presidente Provisorio del Senado de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo) acompañado por sus ministros (Manuel Arauz Castex, Tomás Vottero, Carlos Ruckauf, Carlos A. Emery, Antonio Cafiero y Angel Federico Robledo) establecía que: “Visto la necesidad de enfrentar la actividad de elementos subversivos que con sus acciones vienen alterando la paz y la tranquilidad del país, cuya salvaguardia es responsabilidad del Gobierno y de todos los sectores de la Nación y considerando lo propuestos por los Señores Ministros. El Presidente Provisorio del Senado de la Nación en ejercicio del poder ejecutivo en Acuerdo General de Ministros decreta: Art 1º: "Constitúyese el Consejo de Seguridad Interior, [lo conformarán] el Presidente de la Nación,... los Ministros del P.E.N. y los Comandantes Generales de la Fuerza Armadas...."Art. 2º: "Compete al Consejo de Seguridad interior: a) La dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión. b) La ejecución de toda tarea que en orden a ello el Presidente de la Nación le imponga". Art. 3º: El Consejo de Defensa, presidido por el Ministro de Defensa e integrado por los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas... tendrán las siguientes atribuciones: Items a) a c) asesorar, proponer y coordinar medidas para la lucha contra la subversión, d) conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión, e) planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerza Policiales para la lucha contra la subversión". Art: 4º y 5º: "La Secretaría de Prensa y Difusión, la secretaría de Informaciones del estado... la Policía Federal y el Servicio Penitenciario nacional, quedan funcionalmente afectadas al Consejo de Defensa". Art 6º. El Estado Mayor Conjunto tendrá como misión asistir al Consejo de Defensa..."
25-Las nuevas líneas de investigación llevadas adelante por Gaby Weber después de la presentación del documental, se encuentran reflejadas en su libro La conexión alemana. El lavado del dinero nazi en la Argentina (Buenos Aires: Edhasa,2005). Allí se indica que la apropiación de hijos de desaparecidos por parte de empleados jerárquicos de Mercedes Benz no se restringió a Lavallén, sino que también Juan Tasselkraut y su hermano están complicados en procesos de adopción ilegal de niños. Aunque aún no existe prueba fehaciente de que Diego Christian Tasselkraut, hijo de Juan Tasselkraut, y Andrés Gerardo y Pablo Daniel, hijos de Alejandro Tomás Tasselkraut, hermano de Juan, sean hijos de desaparecidos, en los tres casos las partidas de nacimiento incluyen firmas de funcionarios y parteras ligados con otros casos de menores nacidos en cautiverio. Para más información al respecto, se recomienda consultar el capítulo 15 del libro de Weber.
