Complicidad patronal -militar en la última dictadura Argentina

1º PARTE - LOS CASOS ACINDAR, ASTARSA y DÁLMINE SIDERCA

Presentamos para el debate un artículo de la historiadora Victoria Basualdo(*) sobre la relación entre grandes empresas y fuerzas militares en la última dictadura. A la luz de la síntesis de la evidencia sobre varios de los casos más resonantes de complicidad patronal militar (Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz) este trabajo desmenuza la participación de sectores civiles empresarios en alianza con los mandos militares, y propone una investigación más profunda del papel de las cúpulas empresarias, que acrecentaron su centralidad económica y social y su influencia política en los últimos treinta años, en medio del cambio estructural operado en la Argentina desde mediados de los años '70. Este artículo fue inicialmente publicado en Marzo de 2006 por la FETIA (Federación de Trabajadores de la Industria y Afines) de la CTA en un suplemento especial por los 30 años del golpe. Publicado luego en www.prensadefrente.org en Mayo de 2006.

LOS CASOS ACINDAR, ASTARSA y DÁLMINE SIDERCA

El presente artículo se propone recuperar, a treinta años del golpe militar del 24 de Marzo de 1976, un aspecto fundamental de esta historia: la complicidad entre grandes empresas y fuerzas armadas. Aunque desde hace algunos años y hasta la actualidad diversas denuncias impulsadas por parte de los trabajadores contra los grupos empresarios han sido difundidas por los medios de comunicación, la evidencia reciente recogida tanto por parte de investigadores independientes como a partir de diversas acciones judiciales no ha sido reunida en un solo trabajo, ni sus implicancias han sido suficientemente analizadas. Este artículo se concentrará en seis de los más resonantes casos de complicidad entre el empresariado industrial y las fuerzas represivas: los de las empresas Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz. Luego de sintetizar sus particularidades, se destacarán algunos aspectos que estos casos tienen en común, con el objeto de precisar las características de la relación entre empresas y fuerzas militares durante la última dictadura. Finalmente, se analizarán las implicancias que estas nuevas líneas de investigación tienen respecto a las interpretaciones vigentes de la historia del período.

I. La evidencia disponible sobre estos casos de complicidad patronal-militar

a) Astarsa

Las primeras instalaciones del astillero y establecimiento metalúrgico se establecieron en el Tigre durante la década de 1920, aunque la empresa se constituyó como sociedad anónima bajo el nombre Astarsa en los años ‘40, teniendo como accionistas mayoritarios a la Sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia, propiedad de la familia Braun Menéndez, y Estrabou y Cía. De acuerdo a las estimaciones disponibles, la empresa empleaba a mediados de la década del ‘70 alrededor de 1.500 obreros, de los cuales aproximadamente 800 eran trabajadores metalúrgicos, y 700 eran navales. Aunque los salarios pagados en la empresa eran relativamente altos, dado que la mayoría de los trabajadores realizaban tareas calificadas, el trabajo se desarrollaba en pésimas condiciones de salubridad: “El golpeteo incesante sobre metales y chapas poblaba el aire de ruidos sordos. Las emanaciones tóxicas de pinturas y material de soldadura producían afecciones pulmonares de distinto grado de complejidad. Los casos de esterilidad y accidentes de trabajo con las soldaduras autógenas eran frecuentes. Un oficial calderero, por ejemplo, trabajaba vistiendo pesadas ropas de cuero para protegerse de las chispas en ambientes de más de 50 grados de calor dentro de los compartimientos estancos de los barcos donde por las reducidas dimensiones se concentran gases con gran facilidad.”

Entre 1971 y 1973, un grupo de trabajadores jóvenes que ingresaron a trabajar en la planta comenzaron a cuestionar las condiciones sumamente precarias de trabajo y la deficiente representación sindical que ofrecía el Sindicato de Obreros de la Industria Naval (SOIN). Conformaron una agrupación, que se presentó a elecciones a fines de 1972 con la denominación de Lista Marrón. Aunque en una primera instancia el accionar de la agrupación fue limitado, y varios miembros de la lista fueron despedidos por la empresa, una sucesión de accidentes de trabajo (que no eran tales, sino que estaban explicados por las deficientes condiciones de trabajo y la ausencia total de asistencia médica adecuada) que culminaron en la muerte de varios obreros, originaron una creciente movilización por parte de todos los trabajadores de la fábrica, que culminó en una toma del establecimiento en Mayo de 1973, coincidiendo con la asunción del gobierno por parte de Héctor Cámpora. Entre 1973 y 1975 la agrupación que aunque tomó el nombre de José María Alessio (el nombre de uno de los trabajadores muertos en un “accidente” en la fábrica) seguía presentándose a elecciones como Lista Marrón, obtuvo un impresionante avance en la representación de los trabajadores, y muchas conquistas sindicales, entre los que se destacó la creación de la Comisión Obrera de Higiene y Seguridad, relacionada con el Instituto de Medicina del Trabajo y con la Universidad Tecnológica Nacional, además del establecimiento de relaciones estrechas con otras trabajadores de otras fábricas de la zona norte.

Como resultado de sus acciones, y de su afiliación a la JTP (Juventud Trabajadora Peronista), en 1975 varios de los militantes fueron secuestrados por grupos paramilitares y fueron salvajemente torturados, aunque la intensa movilización de trabajadores de las fábricas de Tigre y vecinos logró su liberación. En enero de 1976 continuaron los secuestros, y en febrero tres militantes aparecieron muertos, totalmente desfigurados. El día del golpe militar, el 24 de Marzo de 1976, fuerzas del ejército al mando del teniente coronel Molinari, quien se desempeñaba en la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo, acordonaron la entrada a Astarsa, Mestrina y Forte, con tanques de guerra, carros de asalto y helicópteros, en un operativo que se extendió hasta el día siguiente. Con la anuencia de la empresa, que permitió de buen grado su presencia y colaboró en su identificación, detuvieron a alrededor de 60 obreros, a quienes condujeron a la Comisaría 1ª de Tigre. De acuerdo a los testimonios de trabajadores que sobrevivieron, los militares poseían instrucciones precisas, la primera de las cuales era desmantelar el cuerpo de delegados y la comisión interna. Además de los asesinados y secuestrados, se calcula que 16 de los obreros y delegados continúan desaparecidos hasta la actualidad.

El caso de Jorge Rampoldi sirve para ilustrar las estrechas relaciones entre la empresa, sectores del sindicalismo burocrático y las fuerzas militares. Rampoldi, afiliado a la CNU (Concentración Nacional Universitaria, organización universitaria de extrema derecha) se desempeñaba en un cargo administrativo de la oficina de personal de Astarsa, a lo que sumó luego su papel como asesor letrado del SOIN (sindicato de navales, de tendencia burocrática), para terminar participando en la intervención al sindicato. En los juicios llevados adelante en Italia respecto a desapariciones en Argentina durante la última dictadura militar se lo implicó como uno de los responsables de la desaparición y el asesinato de dos trabajadores de Astarsa, Martino Mastinú, llamado “el Tano” por sus compañeros, y su cuñado Mario Marras, al que le decían “el Tanito”.

Por otra parte, un grupo de trabajadores sobrevivientes de Astarsa, al tomar conocimiento en 2003 de la designación de Rampoldi (quien antes se había desempeñado como viceministro de trabajo de Carlos Ruckauf en la Provincia de Buenos Aires) como Director Nacional de Migraciones, realizaron una presentación ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, que derivó en la convocatoria de audiencias en Julio y Agosto de 2003. Tanto en la presentación como en las audiencias se denunció que tanto Rampoldi como otros miembros de la intervención al sindicato habían sido identificados como miembros de los grupos que secuestraron a obreros de Astarsa y a sus familiares. En particular, se lo acusó de intervenir en el secuestro del obrero Aldo Ramírez, quien fue llevado al campo de concentración situado en Campo de Mayo, donde fue salvajemente torturado y luego expuesto ante otros secuestrados.

Asimismo, se señala que el 16 de Marzo de 1976, luego de que la esposa de uno de los obreros fuera secuestrada, un grupo de trabajadores se dirigió a la oficina de personal de Astarsa para notificar a Rampoldi de lo sucedido y requerir su colaboración para localizarla. Según los testimonios, Rampoldi les respondió: “Ustedes no existen, no se dan cuenta? Ahora cuando nosotros queremos los cagamos a tiros.”

b) Acindar

La empresa Acindar Industria Argentina de Aceros S.R.L. se fundó en el año 1942 en la ciudad de Rosario, ante la necesidad de acero en un contexto de restricciones a las importaciones, debido a la Segunda Guerra Mundial. La firma se constituyó a partir de la asociación de dos empresas constructoras: la empresa Acevedo y Shaw y la Compañía de Construcciones Civiles de Aguirre y Aragón, y la mayor figura de su fundación fue el Ingeniero Arturo Acevedo. En 1951 Acindar realizó su primera ampliación, instalando en Villa Constitución, Provincia de Santa Fe, la denominada “planta 2”, establecimiento al que nos referiremos en este apartado. Para comprender la relación entre la empresa Acindar y las fuerzas armadas resulta necesario detenerse brevemente en la historia gremial de Villa Constitución en esos años, en especial en el sindicato de trabajadores metalúrgicos (que agrupaba a los trabajadores de Acindar, Metcon, Marathon, Villber, entre otras plantas metalúrgicas que constituían el núcleo central de la actividad económica en la localidad).

En el mes de Noviembre de 1974 se llevaron a cabo las elecciones de la UOM Villa Constitución, en las que la Lista Marrón, que representaba a la tendencia combativa que había ido organizándose desde comienzos de los años ´70 y estaba encabezada por Alberto Piccinini, triunfó con más del 65% de los votos. La nueva conducción duró apenas tres meses en el sindicato. En la madrugada del 20 de Marzo de 1975, Villa Constitución, junto con varias otras localidades del cordón industrial a lo largo del Río Paraná, fue ocupada militarmente (en un operativo conjunto de las policías provincial y federal y de la prefectura naval) por una decisión del gobierno nacional, ante una supuesta “conspiración” contra el gobierno, orquestada a lo largo del cordón industrial y con sede principal en Villa. Una columna de un kilómetro y medio de automóviles y camiones, compuestos por policías provinciales, federales, matones de la derecha sindical peronista y asesinos ligados a la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista), como Aníbal Gordon, entre otros, invadieron la ciudad.

Líderes y militantes sindicales fueron arrestados en sus casas, en las rutas o lugares de trabajo, desde allí trasladados a Rosario y finalmente confinados a la prisión de Coronda. Se produjeron alrededor de 300 arrestos, que incluían a toda la comisión Directiva de la UOM (con la excepción de Luis Segovia, que logró escaparse) y a los activistas de la CGT regional. A pesar de la profundidad del golpe represivo, se produce al día siguiente la respuesta obrera: una huelga de “brazos caídos” dentro de las plantas, incluida Acindar. El Comité de Lucha, conformado por nuevos dirigentes en reemplazo de los ya detenidos, mantuvo la medida de fuerza durante 61 días, con el apoyo no sólo de los trabajadores, sino también de sus familias y de los “comités barriales,” hasta el 17 de Mayo de 1975, cuando una asamblea de 2.500 trabajadores aprobó unánimemente el levantamiento de la huelga. El lunes 19 los trabajadores metalúrgicos volvieron a las fábricas y comenzaron los despidos, que alcanzaron a más de 400 activistas.

La represión no se detuvo allí, sino que por el contrario continuó durante 1975 y 1976, intensificándose aún más luego del golpe militar. Los presos de Villa Constitución fueron trasladados a las diferentes cárceles del país, torturados y castigados de todas las formas posibles. Algunos de ellos, una vez liberados, se dirigieron al exterior, mientras que otros soportaron el exilio interno y perdieron sus trabajos debido a las listas negras que circulaban de empresa a empresa. Y sin embargo corrieron mejor suerte que los trabajadores secuestrados a partir de 1976, que nunca más aparecieron. La participación de la empresa en este proceso adquirió varias formas.

Testimonios brindados ante la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada por el gobierno de Raúl Alfonsín en los inicios de su gobierno) indican que ya desde la escalada represiva desatada a partir de la “ocupación militar” de 1975 existían vínculos estrechos entre las fuerzas policiales y la empresa. Uno de los testigos señala que los vehículos desde los cuales partieron las balas que mataron a un trabajador portuario y a un vendedor de diarios en Abril de 1975 habían tenido libre acceso al camino de INDAPE, firma entonces controlada por el grupo Acindar. Al día siguiente, durante la movilización de los trabajadores de Acindar en contra de estos asesinatos y otras intimidaciones, un helicóptero de la Policía Federal se dedicó a “marcar” y a hostigar a los manifestantes. Dicho helicóptero había estado estacionado (y desde allí había partido para reprimir a los trabajadores) en el helipuerto de Acindar. Luego de estos sucesos, los efectivos policiales y parapoliciales instalaron un cuartel en el denominado “albergue de solteros”, ubicado dentro del predio de Acindar, en el que funcionaban entre varias decenas de efectivos, algunos de los cuales, como el oficial principal Mujica, recorrían la ciudad en automóviles sin patentes acompañados por efectivos de civil.

Colaboraban con ellos supuestos obreros de la fábrica Acindar, en realidad informantes de las fuerzas policiales, entre los que se destacaba uno, Raúl Antonio Ranure. Este cuartel era utilizado como centro de detención e interrogatorios por parte de la Policía Federal. Los efectivos destacados dentro de Acindar no debían preocuparse por los gastos, ya que la empresa los proveía con todo lo que les fuera necesario. Otros testigos acreditan que el automóvil en que se desplazaba el supuesto operario de Acindar, Ranure, era guardado en un galpón y custodiado por efectivos de civil que provenían del cuartel en Acindar. Indican asimismo que tanto Ranure como Mujica habían participado en numerosos operativos en la ruta que une San Nicolás con Villa Constitución, y que varios de estos detenidos fueron conducidos, encapuchados, hasta el cuartel ubicado en el predio de Acindar. Estos efectivos, junto con la oficialidad de la Policía Federal, planificaban las operaciones contra los trabajadores metalúrgicos dirigentes de la Lista Marrón, y los automóviles que utilizaban fueron identificados como participantes en los operativos en los que asesinaron a la abogada De Grandis, y a los obreros de Acindar Carlos Ruesca y Julio Palacios.

La existencia de un destacamento en el interior del predio de la fábrica fue confirmada no sólo por testimonios de vecinos y víctimas, sino también por las propias fuerzas de seguridad implicadas en la represión. Carlos Rampoldi, comisario inspector, el 30 de agosto de 1984, declaró ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, constituida en Villa Constitución: "En el año 1977 ingresé a la Jefatura de la policía de Villa Constitución con el cargo de comisario inspector a cargo de la División Informaciones; en ese momento el grupo de Los Pumas ya estaba acantonado en la fábrica de Acindar, cumpliendo tareas. Este grupo tenía su lugar de asentamiento en Santa Felicia, cerca de Vera, y en ese momento, al mismo tiempo, había una fuerza de tareas conformada por unos cuarenta hombres, que venían de distintas unidades del Litoral, provenían de distintas brigadas, estaban un mes y los renovaban por otro contingente. Estaban dirigidos por personal de baja categoría. De ese grupo se desprendía una sección para cuidar Rosario.

En la práctica ellos dirigen los procedimientos, como detenciones o custodia de un lugar, y pedían nuestra colaboración..."Por su parte, Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983 que “las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero”, aclarando que “pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos.” Agregó que “Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa...".

Pero quizás la demostración más cabal de la mancomunión de los intereses de la empresa y de la dictadura esté centrada en la figura de José Alfredo Martínez de Hoz, quien pasó de ser presidente de Acindar hasta 1976, a ocupar el cargo de Ministro de Economía de la Nación a partir del golpe militar, posición desde la que se encargó de otorgar innumerables beneficios a su empresa, que a lo largo de la dictadura se benefició de los regímenes de promoción industrial (a expensas de la empresa estatal SOMISA), de la transferencia de su deuda privada al estado, y de cuantiosas transferencias de recursos que cimentaron su expansión como grupo económico.

c) Dálmine Siderca

La empresa Dálmine Siderca, propiedad del grupo económico Techint y hoy integrante de la alianza comercial TenarisSiderca, se estableció en la localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires, en 1954. Constituye uno de los casos menos conocidos de participación empresaria en el proceso represivo, debido a dos factores principales. Por un lado, la campaña por parte de la dirección de la empresa y del grupo Techint tendiente a deslindar responsabilidades por las desapariciones y asesinatos de sus trabajadores, y a atribuir la responsabilidad exclusivamente a las fuerzas militares, lo que ha vuelto más difícil la tarea de encontrar pruebas de la complicidad entre la empresa y las fuerzas represivas.

Por otro lado, el papel central de la empresa en la ciudad de Campana en términos económicos, comunitarios y sociales, así como el poderío económico del grupo Techint, han servido como factor de disuasión tanto para trabajadores de la empresa como para los familiares de las víctimas y los vecinos en general que fueron testigos de la connivencia de la empresa.Sin embargo, es posible rescatar una serie de elementos que prueban de manera contundente la colaboración de la empresa en el proceso represivo. Testimonios de trabajadores de la fábrica indican que muchas de las características presentes en otros de los casos también se dieron en Dálmine Siderca, como la presencia de personal del ejército en la puerta de la fábrica con listados de personas “marcadas”, la contratación, a partir del golpe militar de supuestos nuevos trabajadores que eran en realidad agentes de las fuerzas represivas, y la detención e intento de detención de trabajadores en la propia fábrica.

Otro elemento en común con otros casos es el hecho de que la mayor parte de los desaparecidos de la zona eran trabajadores con fuerte activismo gremial, entre los que se destacaban los obreros de esta fábrica en particular.Asimismo, existen algunos sucesos particulares que demuestran a las claras la relación estrecha con las fuerzas militares. Un incidente clave fue el conflicto desatado en la fábrica por falta de pago de premios en 1979. Los trabajadores se movilizaron y convocaron una asamblea, dentro de la fábrica, frente a las oficinas de Personal. A pesar de la presencia del coronel Zapata, del Área Conjunta 400, en la asamblea, los trabajadores resolvieron reclamar por el pago; reivindicación que, aunque parcialmente, se logró a regañadientes de la empresa y la Directiva gremial que había intentado impedir la asamblea por todos los medios.

El coronel Zapata, en otro intento por disuadir a los obreros, había dicho a uno de los trabajadores que impulsaba la movilización:“...se acabó. Es la última vez que lo mando llamar. La próxima lo mando a buscar...”, demostrando claramente la plena coincidencia entre los intereses patronales y los militares. A pesar de estas presiones, los trabajadores decidieron impulsar el conflicto en una asamblea con voto a mano alzada, hecho más que inusual en esos tiempos. El desarrollo de este conflicto y sus implicancias fueron descriptos por los trabajadores Ángel Recúpero (actual secretario general de la seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica) y Luis Alberto Tavares (que junto a Recúpero había sido miembro de la comisión interna de Dálmine Siderca durante 17 años), en un testimonio clave: “El conflicto fue durísimo. La primera asamblea no fue presidida por los delegados, sino por un grupo de oficiales del Ejército con ametralladoras y bayonetas. Los militares concedían el uso de la palabra. Y algunos activistas trataban de hacer equilibrio entre lo que debían reclamar y el cuidado de la propia vida. Pocos cometieron el pecado de apasionarse demasiado. Uno de ellos se llamaba Juan José Colorado Torrente. A otro se lo conocía como Pascual Gordillo. La primera asamblea pasó, luego vinieron las reuniones de los activistas en el vestuario de la acería. Eran encuentros atípicos, de no más de 30 empleados. Acudían, si se animaban, dos por cada sector. Antes de entrar, los paraba un subteniente para pedirles los nombres, los documentos e interrogarlos convenientemente. Protagonizaron tres días de huelga general, y las reivindicaciones fueron obtenidas. Cuando terminó la segunda jornada de paro, Torrente salió de la planta junto a dos de sus compañeros, cruzó la avenida Mitre, enfiló para su casa, en el centro del barrio Siderca, dejó al último operario en su domicilio y... nunca se lo volvió a ver en este mundo. A Gordillo le pasó exactamente lo mismo, sólo que unos días después.” Por otra parte, cabe destacar que uno de los centros clandestinos de detención de la zona, el Tiro Federal de Campana, se encuentra lindante a la fábrica, y hasta existe una puerta que comunica ambos lugares.

El predio de la Ruta 12, que hasta el 24 de marzo de 1976 funcionó un polígono de tiro civil, fue ocupado por el Ejército en la madrugada del 25 y transformado en un campo de concentración adonde se torturó, desapareció y mató a cientos de personas, entre ellos algunos trabajadores de Dálmine Siderca, hasta, por lo menos, mediados de 1977. La cercanía de la fábrica era tal que los desaparecidos apresados en el Tiro Federal escuchaban claramente los ruidos de las máquinas trabajando. Cuando en 2004 se realizó una visita de reconocimiento al predio, por el juez federal Federico Faggionato Márquez, quien comenzó la investigación a partir de una presentación que la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, los nueve ex detenidos pudieron reconocer cada uno de los sonidos de las etapas de producción que habían escuchado por primera vez estando desaparecidos.

(*)Historiadora UBA- Universidad de Columbia

Notas:

1-La principal fuente utilizada para reconstruir el caso de Astarsa es la investigación realizada por el historiador Federico Lorenz (parte de la cual está contenida en su artículo “Los trabajadores navales de Tigre. La militancia sindical en un contexto de enfrentamiento “militar””, Revista Lucha Armada N 2. Buenos Aires: Marzo a Mayo 2005). Otra fuente importante sobre este caso es el programa de historia oral llevado adelante por Memoria Abierta sobre la represión en Astarsa.

2-Lorenz (2005), 74.

3-Sobre las acusaciones a Rampoldi en los juicios realizados en Italia, ver Horacio Verbitsky, “Jaulas vacías”, Página/12, 18 de Junio de 2000.

4-Audiencia en el Honorable Congreso de la Nación, 2 de Julio de 2003, versión taquigráfica (http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cpyrhumanos/VersTaq2003.htm).

5-Ver, entre otros libros y publicaciones. Victorio Paulón, Angel Porcu, Bernardo Gallitelli, María Cecilia Cangiano, Ernesto Rodríguez y Oscar Videla (comp.) El Villazo. La experiencia de una ciudad y su movimiento obrero. Villa Constitución, 1999.

6-De aquí en adelante, a menos de que se indique lo contrario, se aludirá a testimonios recogidos por la CONADEP en su legajo No. 1770, parcialmente reproducidos en Eduardo Basualdo, Miguel Angel Fuks, Claudio Lozano, El conflicto de Villa Constitución. Ajuste y flexibilidad sobre los trabajadores. El caso Acindar. Buenos Aires: IDEP-CTA, 1991.

7-Uno de los testimoniantes frente a la CONADEP relató haber visto, por un descuido del implicado, una credencial con la fotografía de Ranure que lo identificaba como servicio de inteligencia de la Policía Federal, mientras que otro de los sobrevivientes, refiriéndose a otro “supuesto obrero”, en realidad infiltrado, dijo haber reconocido entre quienes lo identificaron a un fotógrafo que era compañero de trabajo en la fábrica.

8-El repartidor de sodas Pedro Alfaro, declaró el 7 de febrero de 1984, ante la Comisión de Derechos Humanos de Villa Constitución que el agente de la policía montada Juan Carlos Miranda le confesó que a varios detenidos los llevaban hasta dentro de Acindar y que Raúl Ranure, uno de los principales represores de la ciudad, "era Halcón, que participaba de los operativos nocturnos que se hacían en Villa Constitución, tripulando un Ford Falcon rural, celeste metalizado sin patente, que le había otorgado Acindar para que se movilizase junto con la oficialidad de la Policía Federal". Citado en Carlos del Frade, Matar para robar, luchar para vivir. Historia política de la impunidad. Santa Fe 1976/2004. (http://www.nuncamas.org/investig/)

9-Existen informaciones encontradas respecto a la fecha del arribo de Rampoldi a Villa Constitución. De acuerdo a Pedro Alfaro, en 1975 el comisario Rampoldi ya era integrante del Servicio de Informaciones de la Jefatura villense y "esencialmente ha prestado y presta su servicio a Acindar. Me consta que tiene el organigrama completo de la planta, ha sido invitado a almorzar en reiteradas oportunidades por el directorio de la empresa, decide y orienta a los directivos sobre quién puede o no entrar a la empresa". Carlos del Frade, Matar para robar, luchar para vivir. Historia política de la impunidad. Santa Fe 1976/2004. (http://www.nuncamas.org/investig/)

10-Ver Carlos del Frade, El Rosario de Galtieri y Feced (http://www.nuncamas.org/investig/).

11-Miguel A. Di Fino, Ariel O. Nuñez y Soledad Sadonio, Sobre ausencias y exilios. Un ensayo histórico sobre Campana entre 1976 y 1982. Campana, Buenos Aires: 1999.

12-Luis Majul, Los dueños de la Argentina. La cara oculta de los negocios. Buenos Aires: Sudamericana, 19na.edición, 1993, p. 231.13-Ver Martina Noailles, “Un campo de la muerte intacto. Inspección ocular a un centro clandestino en Campana”, Página/12, 9 de Junio de 2004.