3º Y ULTIMA PARTE - CASOS FORD, LEDESMA y MERCEDESPresentamos la tercera entrega del artículo de la historiadora Victoria Basualdo(*) sobre la relación entre grandes empresas y fuerzas militares en la última dictadura. Este artículo fue inicialmente publicado en marzo por la FETIA (Federación de Trabajadores de la Industria y Afines) de la CTA en un suplemento especial por los 30 años del golpe.
II. Significado de la evidencia sobre complicidad patronal-militarLa información recogida para los seis casos analizados demuestra de manera contundente que existió un patrón común de funcionamiento que se repitió con características muy similares en todos estos grandes establecimientos fabriles: la colaboración de las distintas empresas con las fuerzas represivas mediante la provisión de vehículos, infraestructura, dinero y/o personal, el otorgamiento de libre acceso a las plantas y la remoción de cualquier obstáculo al accionar de las fuerzas armadas, además de la aceptación de la contratación de personal encubierto, con el objetivo de vigilar a los trabajadores y recibir informes de inteligencia sobre sus acciones.
Sin embargo, esta síntesis preliminar da cuenta únicamente de un primer nivel de complicidad de las empresas con las fuerzas militares. Los testimonios y las pruebas aportadas respecto a estos seis casos -que coinciden con evidencias, contundentes o fragmentarias, disponibles sobre otros casos, como el de Saiar, analizado por Horacio Verbitsky en otro artículo de este suplemento- demuestran que los grandes grupos empresarios hicieron mucho más que apoyar la acción de las fuerzas militares. Entre los documentos recientemente desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos existen algunos muy útiles para comprobar la información que se tenía en la época respecto a la relación entre empresas y fuerzas militares. En un documento de 1978 cuyo objeto principal era informar sobre la desaparición de 19 obreros del gremio ceramista que trabajaban en la empresa Lozadur, se afirma, no ya con referencia específica a la fábrica en cuestión, sino en términos genéricos: “Creemos que en general hay un alto grado de cooperación entre directivos y las agencias de seguridad –dice el informe– dirigido a eliminar terroristas infiltrados de los lugares de trabajo industriales, y a minimizar el riesgo de conflictos en la industria. Autoridades de seguridad comentaron recientemente a la embajada –sin referencia especial al caso de Lozadur– que están teniendo mucho más cuidado que antes cuando reciben denuncias de los directivos sobre supuesto activismo terrorista dentro de las plantas industriales, que podrían ser en realidad apenas casos de legítimo (aunque ilegal) activismo gremial.” Es decir, de acuerdo a los funcionarios estadounidenses, el afán represivo de los empresarios era tal, que las propias fuerzas armadas, adalides de la lucha contra la subversión, debían “filtrar” sus denuncias. Al mismo tiempo, el documento señala que la principal causa de “denuncia” de trabajadores por parte de los patrones era su desempeño como activistas gremiales.
Para reconstruir los circuitos de relación entre empresas y fuerzas militares puede resultar útil el testimonio que brindó uno de los torturadores e integrantes del Servicio de Inteligencia del Comando del II Cuerpo de Ejército con asiento en la ciudad de Rosario, conocido como Francisco Bueno, o Banegas. En su declaración ante organismos de derechos humanos en Europa durante los primeros tiempos de la democracia sostuvo: "Las oficinas a las cuales yo debía concurrir estaban ubicadas en la galería La Favorita, en el séptimo piso, oficina 701, bajo el nombre de la empresa INROS, Informaciones Rosario. En ese lugar existía la oficina donde se distribuía el trabajo de información... De las siete personas, una de ellas se dedicaba a recabar información en las fábricas Massey Ferguson, John Deere y Anomackura, que están ubicadas en el cordón industrial del Gran Rosario... Las informaciones eran directamente entregadas por el personal de nivel jerárquico de esas empresas y operarios especializados... El nombre del que estaba en el órgano adelantado para la zona del cordón industrial era Cacho Marengo, ese era el seudónimo. El nombre real es Montenegro... El se dedicaba estrictamente a la parte de recolectar los papeles que preparaba el personal de gerencia de esas fábricas… Había otra persona que se encargaba de la zona un poco más alejada de San Lorenzo, que era el enlace con el servicio de informaciones de la policía de San Lorenzo. La policía de San Lorenzo manejaba la zona de Puerto San Martín y Petroquímica Argentina; el que estaba a cargo de informaciones entregaba los papeles semanales de la información recabada a un hombre llamado Tito Ortiz, aunque el nombre real era Orefice". Este trabajo de recepción y selección de información que preparaban los jerárquicos de las empresas de la región habría comenzado, de acuerdo al testimonio del represor, en el año 1974, dos años antes del golpe del 24 de marzo, lo cual parece altamente plausible a la luz de las informaciones que indican que la represión a los trabajadores de muchas de las empresas estudiadas no comenzó a partir del golpe militar, sino por lo menos un año antes.
Los datos recogidos y testimonios como el precedente indican que los directivos de las grandes empresas no sólo aceptaron la represión a sus trabajadores, sino que la demandaron y guiaron, proporcionando listados de trabajadores a ser secuestrados y aportando recursos para el funcionamiento de la maquinaria de la represión. Toda la evidencia disponible apunta a demostrar que los mecanismos mediante los cuales las fuerzas armadas y los sectores empresarios articulaban sus intereses y necesidades se hallaban institucionalizados, implicaban una cierta burocracia y organización, y adquirieron formas similares incluso en regiones distantes entre sí y actividades económicas disímiles.
¿Cuáles fueron los motivos por los que estas empresas se involucraron, hasta el extremo de volverse co-responsables, en la política represiva? Analizando los efectos de la represión sobre los trabajadores, puede verse que ésta tuvo, por lo menos, dos grandes consecuencias. Un primer efecto tiene que ver con la transformación de las condiciones de trabajo, sociabilidad y organización en el ámbito de la fábrica. La represión, además de incluir los asesinatos, las desapariciones y las torturas de un grupo de trabajadores, implicó para la totalidad de los obreros una ruptura de los lazos afectivos y de solidaridad que habían constituido el punto de partida para la militancia sindical. Esto fue reemplazado, desde mediados de los años ´70, por un aislamiento total entre los trabajadores y una prohibición de toda actividad colectiva. Al respecto, resulta ilustrativo el testimonio de un obrero de Astarsa, que continuó trabajando en la fábrica hasta 1978, que declaró: “no hablaba con nadie… (…) De los muchachos no quedaba nadie, de los chicos con los cuales jugábamos al fútbol, nos juntábamos para Navidad, para Año Nuevo, no quedaba nadie (…) Después me entró a pasar algo cuando iba a laburar a Astarsa… Cuando ya no estaban los muchachos… cruzaba la barrera para adentro y me entraba a doler la cabeza.” Cabe destacar que aún en un contexto de aislamiento y represión, que en muchos casos implicó constante presencia militar dentro de la fábrica, muchos trabajadores continuaron organizándose y luchando (como el ejemplo de la asamblea en Dálmine Siderca en 1979, entre muchos otros, demuestra), aunque varios de estos obreros pagaron esta “osadía” con su vida.
Como consecuencia de esta ruptura de los lazos sociales y políticos entre los trabajadores y la anulación legal de sus posibilidades de organización, el grado de explotación se incrementó. El testimonio de Daniel Hagelin, quien durante la dictadura militar fue obrero en Ford Motors Argentina es ilustrativo al respecto: "La jornada era casi de esclavitud. Yo estaba en el área de prensa y balancines, que es una de las más duras de la fábrica por el tipo de trabajo, dentro de la planta de estampado, que es donde hacen el chaperío del vehículo. Las prensas eran de cuatro por cuatro metros, y para realizar la tarea no hacía falta intelectuales sino personas con mucha fuerza física. En esa parte el trabajo era casi infrahumano, y los primeros reclamos en democracia fue mejorar las condiciones del obrero en esa área… Siempre los empleados de Ford… tuvieron buenos sueldos, y entre las terminales automotrices era la primera o segunda. Pero durante el Proceso el salario era magro, ocupaba el séptimo u octavo lugar; se mejoraron las condiciones luego del '83." La desarticulación de la actividad sindical en las plantas, y el disciplinamiento de la clase obrera, a sangre y fuego, permitió a los empresarios un dominio casi absoluto sobre los trabajadores, y en consecuencia una importante baja en sus costos laborales.
Un segundo efecto de la política represiva se relaciona con el impacto de estos cambios en cada uno de los contextos fabriles en particular, así como en las relaciones políticas y sociales a nivel nacional. La política represiva y la anulación de todo movimiento social de oposición fue una precondición para la implementación de un modelo económico que modificó radicalmente la estructura económica y social argentina, destruyendo las bases del modelo industrial vigente, para imponer, en cambio, un nuevo modo de acumulación centrado en la valorización financiera. En este contexto, estas empresas se beneficiaron, no sólo de su creciente poder sobre los trabajadores, que les permitió una mayor explotación de los mismos y una disminución de su estructura de costos, sino de un nuevo modelo económico que las convirtió en beneficiarias de políticas especialmente dirigidas a acrecentar su patrimonio: programas de promoción industrial muy selectivamente otorgados, subsidios y rebajas impositivas, y transferencia al Estado de sus deudas privadas, entre muchas otras.
La política económica y la política represiva estuvieron, entonces, estrechamente relacionadas. Martínez de Hoz, el símbolo de la unidad de intereses entre las grandes empresas y las fuerzas militares, estuvo lejos de ser un mero técnico, exclusivamente preocupado por cuestiones relacionadas con la política económica, como él mismo argumentó en varias entrevistas y alocuciones públicas. Por el contrario, tanto desde su posición de presidente de Acindar como desde su oficina del Ministerio de Economía Martínez de Hoz, al igual que los demás directivos de las empresas de los grandes grupos económicos, avaló y promovió lo que concibieron como la única forma viable de implementar una política económica que beneficiara a los más grandes grupos económicos de la Argentina, frenando el conflicto de clase, al que consideraban inaceptable: el terrorismo de estado contra los trabajadores, que en la causa Ford se denominó “terrorismo de empresa”.
III. Las implicancias de estas investigaciones respecto al carácter y significado del golpe militar de 1976Esta línea de investigación sobre la responsabilidad de las empresas en la represión sobre sus propios trabajadores tuvo como hito fundamental la denuncia presentada ante el Juez Baltasar Garzón por parte de la Central de Trabajadores Argentinos en 1998. En dicha presentación se sostenía que existían hechos relevantes “de los cuales surge la existencia de un plan concertado por los grandes grupos económicos y las fuerzas armadas para implementar el terrorismo de estado y el genocidio con el objetivo de disciplinar socialmente a la clase trabajadora.” Basada en denuncias de los trabajadores y en investigaciones previas de cientistas sociales, la presentación tuvo el enorme mérito de sintetizar evidencias fragmentarias sobre distintos casos de complicidad patronal-militar y vincularlos, poniendo al descubierto un claro patrón de funcionamiento común. A partir de este aporte decisivo, distintos investigadores y abogados profundizaron el estudio de los diferentes casos y obtuvieron nuevas evidencias, la mayor parte de las cuales se discutieron en este artículo, que justificaron plenamente las aseveraciones de la CTA.
Sin embargo, las evidencias recogidas en esta línea de investigación no pudieron introducir todavía un cambio significativo en las visiones predominantes de la historia argentina, aunque algunos sucesos recientes comenzaron a impulsar una cierta revisión de la forma de sistematizar esta historia. Sobre todo a partir de la crisis institucional y económica desatada en Diciembre de 2001, las visiones centradas en la historia política que tendieron a enfatizar la transición de la dictadura a la democracia, y el gran cambio operado en el sistema político comenzaron a ocupar un segundo plano, mientras que la continuidad en el modelo económico y social instaurado por la dictadura comenzó a ocupar el centro de la escena. Estudiar las líneas de continuidad en los últimos treinta años (aún sin dejar de resaltar el fundamental cambio político operado en 1983), pasó a ser considerado central para comprender los orígenes de la crisis argentina.
Resulta necesario profundizar esta línea interpretativa, fundiendo los resultados de las investigaciones recientes sobre la complicidad patronal-militar, analizados en el cuerpo principal del artículo, con las perspectivas analíticas que, desde la economía, analizan las transformaciones estructurales operadas a partir del golpe militar. Estas visiones sostienen que la política de desindustrialización, que constituyó la contracara de la valorización financiera, que se convirtió en el eje de la economía a partir de las reformas financieras y la apertura económica instauradas por Martínez de Hoz, no fueron consecuencia de una crisis endógena del sector industrial. Por el contrario, la industria evidenció un crecimiento continuo entre 1964 y 1974, que fue brutalmente interrumpido mediante un cambio radical en la política económica. El golpe militar implicó, desde esta perspectiva, una “revancha clasista” a favor del capital y en contra de la clase obrera, y una reforma estructural de las relaciones entre estas clases.
Uniendo las diferentes partes del rompecabezas puede contemplarse la dimensión de este cambio estructural. Parte de la revancha consistió en descabezar al movimiento obrero y torturar, asesinar y desaparecer a sus representantes y miembros más activos. La evidencia discutida en este artículo permite reconstruir la forma en que empresas y fuerzas armadas llevaron a cabo esta tarea. Pero, como pudo evaluar correctamente Rodolfo Walsh aún desde sus condiciones de clandestinidad en 1977: “Estos hechos [la existencia de campos de concentración, las desapariciones, asesinatos y torturas sin límite de tiempo], que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.”
El segundo y más duradero componente de la revancha clasista consistió en la implementación de un modo de acumulación que destruyó las bases del modelo industrial previo, en el cual la relación capital-trabajo estaba condicionada, en cierta medida, por una necesidad mutua. La instauración de la valorización financiera como eje central de la economía argentina permitió a los más grandes grupos económicos desvincular su suerte de la de los trabajadores, que pasaron a ser considerados como un costo necesario de ser reducido a su mínima expresión para maximizar su margen de ganancia. Sólo analizando los últimos treinta años de historia en esta perspectiva puede comprenderse la continuidad en sus rasgos principales de la política económica aún en los gobiernos democráticos, sobre todo en términos de redistribución del ingreso desde los asalariados hacia el capital. Sólo desde esta perspectiva puede comprenderse el lugar fundacional que ocupó la represión a los trabajadores durante la última dictadura, y la mancomunión entre dirigentes empresarios y fuerzas armadas necesaria para llevarla a cabo.
Marzo 2006.
(*) Historiadora UBA-Universidad de Columbia
Notas:
26-Documento “Disappearance of ceramics workers in 1977” (Desaparición de trabajadores del gremio ceramista en 1977), Buenos Aires, 14 de junio de 1978.
27- Citado en Carlos del Frade, Matar para robar, luchar para vivir. Historia política de la impunidad. Santa Fe 1976/2004. (
http://www.nuncamas.org/investig/)
28-Héctor González, trabajador naval, citado en Lorenz (2005), 87.
29-Citado en Fabián Domínguez y Alfredo Sayus, La Sombra de Campo de Mayo. (
http://www.nuncamas.org/investig/saydom/lasombra/lasombr8.htm)
30-Ver Presentación de la Central de Trabajadores Argentinos ante el Juez del Juzgado Central de instrucción No. 5 de la Audiencia General de Madrid, realizada en Marzo de 1998. Los denunciantes fueron Víctor de Gennaro, Marta Olinda Maffei, Víctor Mendibil, Alberto José Piccinini, Juan Carlos Caamaño y Alberto Morlachetti.
31-Una interpretación acabada de los cambios estructurales operados a partir del golpe militar puede encontrarse en Eduardo Basualdo, Estudios de historia económica argentina. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2006, capítulo 3 “Instauración de un nuevo modo de acumulación de capital a partir de la dictadura militar (1976-1983).
32- Rodolfo Walsh, “Carta abierta a la Junta Militar” con fecha 24 de Marzo de 1977. Miembros de un grupo de tareas de la Marina intentó secuestrarlo al día siguiente de la distribución de esta carta, aunque Walsh se resistió y fue asesinado durante el enfrentamiento.
Las 3 partes que conforman este artículo fueron obtenidas de
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