Primero fue el Turco, ahora Etchecolatz, todos van presos con la lucha popular
Después que las organizaciones populares recuperaran el legendario Pozo de Banfield para el pueblo, y en el mismo día en que se detuvo a Alberto Miño, uno de los responsables de la Masacre de Budge, el represor Miguel Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua en una sentencia histórica que por primera vez incorporó en el fallo la temática del “genocidio”, por el que vienen reclamando los organismos de derechos humanos.
A las 19.50 hs del 19 de septiembre de 2006, el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata condenó a la mano derecha de Camps, a reclusión perpetua por los crímenes de "homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos", delitos que consideró "de lesa humanidad en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983".
Marcela, integrante de la agrupación HIJOS declaró al finalizar el juicio a Prensa De Frente que "de más está decir que estos avances no son gracias al gobierno ni al aparato judicial, sino a 30 años de luchar sobradamente por justicia". Una multitud esperó fuera de los tribunales la sentencia con una "Fiesta Popular por la Perpetua” en la Plaza Moreno.
"El balance que hacemos es positivo aunque no fue la condena que esperábamos”, continuó Marcela. “Nosotros queríamos que lo condenaran por "genocidio" y lo condenaron por delitos puntuales en el marco de un genocidio". Aunque destacó que la sentencia “representa para nosotros un avance importante ya que la Justicia está reconociendo la figura aunque no lo condene por ella y eso nos abre puertas para seguir reclamando condenas por genocidio".
Por su parte, el abogado defensor Carri Pérez argumentó ante el Tribunal que "el comisario general Miguel Etchecolatz estaba en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires y fue adscripto a las Fuerzas Armadas como lo fueron todas las fuerzas de seguridad". La estrategia del letrado se fundó en que Etchecolatz obedecia al decreto del gobierno constitucional de Isabel Perón del 5 de febrero de 1975, en el que el Poder Ejecutivo ordenaba a los militares a "ejecutar las operaciones necesarias para neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que operaban en la provincia de Tucumán".
Por su parte, la Asociaciòn de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) denunció que Julio López, uno de sus integrantes y querellantes en la causa contra el ex comisario general, ha desaparecido de su domicilio y aún no ha podido ser localizado, responsabilizando por ello al “Estado y la policía federal y provincial". (fuente: www.prensadefrente.org)
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